Mar/Abr 2015  |  Núm. 12


CPC. Juan M. Portal
CIA, CFE, CICA, CRMA, MAP
Presidente
jmportal@acfe-mexico.com.mx

La Corrupción – mal social

El acelerado avance que las tecnologías de la información han tenido en los últimos años impacta de manera directa en el modo como percibimos la realidad.

En el entorno actual de la comunicación nos es posible conocer una enorme cantidad de datos, noticias y referencias sobre los más variados asuntos, prácticamente en tiempo real, y a partir de un número cada vez mayor tanto de plataformas informativas como de fuentes disponibles.

Dentro de ese contexto, un tema de amplio interés ciudadano -que en fechas recientes ha adquirido mayor visibilidad, en parte como resultado de los debates legislativos- es el de la problemática de la corrupción.

Al analizar la información disponible, ésta parece indicar que la corrupción mantiene en nuestro país una tendencia incremental y se ha extendido a muchas áreas y actividades de la sociedad.

Tabla de perspectiva

Fuente: Elaborado por ACFE con base en datos del IPC

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, México se ubicó en las posiciones 103, 106 y 105 respectivamente en los últimos tres años, y sus calificaciones desde 1996, cuando inició el IPC, nunca han sido inferiores al 0.40 (en una escala de 0 a 1, donde 1 es el país más corrupto).

Otros datos indican que México ocupó el lugar 78 entre 99 países y el 12 de 15 en América Latina en materia de sobornos, en el Índice de Estado de Derecho 2014 del World Justice Project, y según el Foro Económico Mundial la corrupción es hoy, por encima de la inseguridad, el principal obstáculo para hacer negocios en México.

Un dato más: de acuerdo con el Barómetro de las Américas, en el año 2004 un 39% de los mexicanos consideraba que la corrupción estaba generalizada entre los servidores públicos, y para 2010 dicha cifra aumentó a 48%.

Me preocupa que se tenga esta percepción, ya que es una realidad que en casi todos los ilícitos derivados de prácticas corruptas se encuentran también involucrados particulares, ya sea en su calidad de individuos o de empresas.

Por lo tanto, las posibles soluciones frente a este fenómeno deben tomar en cuenta la existencia de esa responsabilidad compartida, así como la necesidad de generar cambios tanto en el ámbito público como en el privado.

Menciono esto, ya que si nosotros como auditores o examinadores de fraude no participamos activamente denunciando y señalando a las personas que comenten actos irregulares, las cosas seguirán siendo iguales.

Como profesionales que somos, debemos conocer y utilizar los mecanismos que están en nuestras manos para que los corruptos, sean servidores públicos o integrantes de la iniciativa privada, reciban el castigo que merecen por parte de las autoridades.

Como lo he señalado en otras ocasiones, uno de los grandes problemas en organizaciones de todo tipo es la carencia o insuficiencia de controles para reducir prácticas irregulares.

El adecuado diseño, establecimiento y operación de los sistemas de control, permite prevenir desviaciones antes de que éstas se materialicen, lo cual resulta sumamente importante ya que la experiencia práctica indica que, una vez realizado un acto corrupto, resulta muy difícil lograr las recuperaciones monetarias correspondientes.

Al mismo tiempo debe reconocerse que el control interno, como proceso que abarca a toda la organización, es llevado a cabo por personas. De ahí que la capacitación continua, así como el uso de pruebas de confianza para determinados puestos y la búsqueda de perfiles profesionales idóneos sean elemento indispensables para prevenir la corrupción con base en el fortalecimiento del control interno.

En este sentido, resulta importante reflexionar acerca de la inminente creación en el sector público de un Sistema Nacional Anticorrupción, el cual no será suficiente si nosotros como auditores o examinadores de fraude no buscamos la manera de trasparentar nuestra actuación, mejorar nuestras competencias y denunciar los posibles riesgos o hechos corruptos con base en criterios técnicos y herramientas especializadas.

Estoy convencido de que, más allá de los discursos y las buenas intenciones, es en nuestro compromiso ético y en la mejora de nuestras competencias profesionales, donde podemos hallar la base para contribuir a mejorar nuestras organizaciones, mediante el impulso cotidiano a una cultura administrativa basada en el orden y la legalidad.

Por ello, los conmino a que continuemos aumentando nuestros conocimientos día a día, a mantener una postura ética frente a nuestro entorno, y a utilizar con rectitud y profesionalismo nuestros conocimientos técnicos para seguir luchando unidos contra el fraude y la corrupción.



Diplomado



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