May/Jun 2016  |  Núm. 19




Sandro García-Rojas Castillo

Académico de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal
Catedrático Universitario

Ángulos del Fraude

El combate a la corrupción. Un tema de salud pública.

Prevenir es tomar acción de algo que eventualmente llegará; es tomar precauciones o medidas por adelantado para evitar un daño. Se previene ante factores de riesgo o peligros, que aumentan probabilidades de un daño. Para lograr una prevención eficaz, acertada y oportuna (si no pierde todo sentido), es indispensable conocer el daño y el riesgo que se avizoran, e idealmente, las probabilidades o riesgo relativo que cada uno de los factores representan de forma individual y colectiva.

Un sistema de salud, por ejemplo, prevé en la medida que conoce la enfermedad; en el caso de las enfermedades infecciosas, es necesario estudiar y conocer en la mayor medida posible el agente causal que enfrenta (virus, bacteria, hongo, parásito, etc.), forma de contagio, “virulencia”, periodo de incubación, síntomas prodrómicos, cuadro clínico (sintomatología) de los enfermos, las consecuencias, etcétera. Es preciso un análisis de cada uno de los fenómenos que acompañan el evento patológico para eventualmente poderlo prevenir.

Cuando se está frente a fenómenos sociales negativos como la delincuencia organizada y la corrupción es preciso hacer la misma analogía. Un análisis detallado de las causas, una observación precisa de la sintomatología social, sus efectos, las consecuencias, e inclusive su pronóstico, entre otras.

En un sistema de prevención debe tenerse una fortaleza en las acciones que evitarán la contaminación del tejido que se pretende proteger. Una educación preventiva implica una concientización en los posibles pacientes, un conocimiento de los límites permitidos, de los excesos que signifiquen riesgo y de las consecuencias y secuelas que trae contraer la enfermedad. En ese sistema es deseable el uso de mecanismos tecnológicos de medición y de detección. Una prueba de glucosa en sangre antes de la detección de diabetes mellitus es siempre de gran utilidad, lo mismo que un análisis del perfil transaccional en el sistema financiero y la determinación de los riesgos operativos en que incide un cliente o usuario.

Por desgracia, nuestro país tiene manifestaciones claras de estar enfermo de corrupción en muchos sectores de la sociedad y economía. Los índices de medición que nos arrojan las encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)1, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)2 —donde por ejemplo el 88% de los encuestados dicen creer que hay corrupción en las instancias de gobierno— y de Transparencia Internacional (TI)3 dadas a conocer en fechas recientes, no indican lo contrario.

Ubicarnos en la posición 95 de un total de 168 países medidos, habla de un diagnóstico grave. Estar en el lugar 34 de los 34 países de la OCDE en la percepción de corrupción de acuerdo a dicha percepción, nos urge, al menos a tomar medidas inaplazables.

El combate

En la medida en que una enfermedad no es combatida, se agrava. En la medida en que el fenómeno de la corrupción no es sancionado, se permea en el colectivo la idea de su tolerancia incitando a que se repita impunemente. Venustiano Carranza se acercaba a los límites de la paradoja cuando decía que “aquel que vive en la impunidad, vive en la legalidad” para explicar que aquello que resulta impune, tarde o temprano se vuelve permitido, incluso se antoja legal.

La alarma social ante la corrupción ha sido cada vez más sonora, pero no por una sociedad más consciente o capaz de detectar más actos de corrupción, sino porque las herramientas tecnológicas, entre ellas las redes sociales, han hecho un eco del hartazgo de décadas de impunidad, y su comunicación se viraliza con mejor contenido (fotografías, audio, video, etc.) en instantes. Un hartazgo que ha debilitado a las propias instituciones encargadas de sancionarla y, por ende, ha hecho evidente su falta de credibilidad. Algo así como un doctor, un hospital y una medicina que no funcionan, no curan, no combaten al agente patógeno que enferma al paciente.

Un sistema que pretende llenar sus filas de medicinas fortalecidas, hospitales con muchas camas y máquinas de última tecnología, así como doctores y enfermeras especializados en diversas materias, no representa un sistema sano. Pero hoy parece ineluctable que forme parte de la agenda nacional. Necesario será incluso pensar en tareas de rehabilitación tras el combate frontal.

Las instituciones y especialistas que en materia de corrupción dan esta cara, hoy son más necesarios que nunca. Caminar en un mismo sentido parece impostergable. Se necesita contundencia, firmeza, convicción, ejemplaridad en las sanciones, atención de casos emblemáticos, sentencias irrefutables, casos probados y exhibidos a la luz pública. Un equipo de médicos, medicinas y hospitales listo para atender la emergencia, con peso suficiente, autonomía y facultades suficientes (de investigación y de sanción con miras a la eficacia, rapidez y contundencia).

Pero nada de lo anterior tendrá efecto, si no se trabaja, al mismo tiempo, en dos ejes adicionales: la prevención (que conlleva también la protección de los intereses y garantías constitucionales de los involucrados) y la redefinición de que la corrupción no solamente opera entre los particulares y el gobierno, entre el sector público y el privado; sino que la corrupción nace en el seno más íntimo de las relaciones interpersonales.

El Sistema Nacional Anticorrupción

La Reforma Constitucional de 2015 en lo referente al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) incorporó nuevas atribuciones para varios organismos; entre ellos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), La creación de una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Sin duda, representará un reto para quienes la instrumenten el lograr, no solamente Instituciones sólidas y confiables, una coordinación interinstitucional para alcanzar sus objetivos. Tarea que parece inherente al quehacer público pero que a veces resulta obstaculizada.

En tal virtud, en términos del artículo 113 Constitucional se prevé una instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos vinculados a la corrupción y el gasto público. Para ello, se prevé un Comité Coordinador formado por los principales actores en la materia (ASF, SFP, TFJA, FECC, un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana). El gran reto, si me lo concede el lector, no está tanto en el diseño de este gran Comité, sino en la operación del mismo. No en el plano de lo estratégico, sino en el plano de lo táctico, en los cómos.

Dentro de los artículos transitorios de la reforma constitucional se fija el plazo de un año al Congreso de la Unión para aprobar, entre otras, la ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción a que se refiere justamente el artículo 113 de la Constitución. Habrá que confiar en la tarea del legislador y estar de cerca al proceso para proponer las mejores prácticas que permitan un sistema saludable, coordinado y eficiente.

El lavado de dinero y la corrupción

El denominado lavado de dinero de las ganancias obtenidas por actos de corrupción debe constituir un complemento ineludible del SNA. Un sistema débil de combate al lavado facilitará siempre el ocultamiento y posterior utilización del producto de la corrupción. En tal virtud, debe quedar claramente expuesta la indudable relación entre corrupción y crimen organizado, y de éstos con el lavado de dinero. “Seguir el dinero" parece un camino importante para detectar y desarticular organizaciones complejas, pero mientras no se nutra a las instancias de facultades para ello, a los jueces se les conceda autonomía y las sanciones sean efectivamente impuestas, poca ejemplaridad habrá en las acciones del combate.

Como muestra, cualquiera de las siguientes actividades o mecanismos han fomentado que la corrupción se esconda en el lavado de dinero, desarticulando la posibilidad de perseguir y castigar a quienes la cometen: el ocultamiento de la propiedad y origen de recursos, el uso de personas y estructuras jurídicas complejas, el uso de intermediarios y actividades no financieras proclives a una falta de prevención, el abuso de instituciones financieras o entidades públicas, entre otras.

Será preciso, además, desarrollar herramientas para combatir lo antes reseñado tales como la implementación de un sistema preventivo con acciones también en el sector privado, el desarrollo de un sistema que permita sofisticar la utilización de técnicas especiales de investigación, desarrollar políticas de detección, aseguramiento y recuperación de bienes de origen ilícito, fortalecer y aterrizar en acciones concretas la cooperación tanto a nivel nacional como internacional, eliminar progresivamente las barreras para el acceso a la información por las agencias legalmente facultadas para ello, establecer un mecanismo de seguimiento de las operaciones realizadas por funcionarios públicos o personas expuestas políticamente (PEPS).

La fortaleza del TJFA

Todo el entramado del SNA deberá verse también reflejado en las distintas sentencias que recaigan a los procedimientos administrativos y penales que se instauren por la comisión de actos sancionables. Con independencia de las facultades que tenga la FECC y la tarea que tengan los jueces y magistrados federales en las sanciones de índole penal, la tarea del TJFA es de enorme relevancia y estará de la mano con la calidad en la integración de cada caso que se le someta a consideración por las instancias fiscalizadoras.

Además de dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, también tendrá a su cargo imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidades administrativas que la ley clasifique como graves; pero no solo eso. También podrá, por vez primera, sancionar a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades. De ahí que la autonomía e independencia que tengan resulten esenciales para asegurar efectividad, objetividad y justicia.

La labor del TJFA dentro del SNA se verá reglamentada a través de las leyes secundarias que el Congreso emita en este sentido, las cuales deberán expedirse, como ya quedó expresado líneas arriba, en mayo de este 2016. El verdadero reto –permítaseme insistir- no está en el diseño. Éste ya está y parece acertado. Lo está en la actuación que tenga el TFJA, en los recursos humanos, materiales y financieros que se le provean. Pero toral será su actuación a pie juntillas, cautelosa y cuyas resoluciones se basen en los principios rectores del derecho administrativo sancionador, pero a la vez rápidas, efectivas, ejemplares, disuasorias.

Proponer apego estricto a los principios de la verdad material, respeto a los derechos humanos y buscar siempre la proporcionalidad de la pena, lo que generará un efecto ejemplificativo multiplicador.

 


1 Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2013. http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/encig/2013/default.aspx

2 Índice de Competitividad Internacional 2015. La corrupción en México: Transamos y no avanzamos (2015). http://imco.org.mx/competitividad/indice-de-competitividad-internacional-2015-la-corrupcion-en-mexico-transamos-y-no-avanzamos/

3 Índice de percepción de corrupción. Transparencia Internacional 2015. https://www.transparency.org/cpi2015



©2016 ACFE-Capítulo México, A.C., Derechos Reservados.
Aviso de Privacidad
Asociación de Examinadores de Fraude Certificados Capítulo México
Tel. 5207-7557, 5536-0104 | seminario@acfe-mexico.com.mx